La vulneración de derechos fundamentales no solo afecta a la persona directamente perjudicada, sino que tiene repercusiones que se extienden a la sociedad en su conjunto. Cuando se vulneran derechos esenciales, como la igualdad, la libertad o la no discriminación, el impacto trasciende al ámbito individual, erosionando la confianza en las instituciones y perpetuando desigualdades estructurales.
El concepto de daño social
El daño social puede definirse como el conjunto de efectos adversos que la violación de derechos fundamentales tiene sobre el tejido social. Estos efectos van más allá del individuo, creando un impacto negativo en la comunidad y perpetuando situaciones de desigualdad. Por ejemplo, cuando se vulnera el derecho a la igualdad en el trabajo, se refuerzan prácticas discriminatorias que afectan no solo a la víctima directa, sino también al entorno laboral, perpetuando una cultura de exclusión.
Según la jurisprudencia, los casos de discriminación laboral o de despidos injustificados por motivos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales no solo causan un daño moral a las personas, sino que generan un precedente peligroso en el ámbito social, afectando la percepción de justicia e igualdad.
"Está definido por la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Se entiende como la lesión que sufre una persona en su funcionalidad social (esferas personal, familiar, social y laboral) ante un hecho que altera su cotidianidad." Según la Magistrada Concepción Ester Morales introduce el concepto de daño social durante una de sus intervenciones.
El impacto en la confianza institucional y la cohesión social
Como se ha mencionado antes, la vulneración de derechos fundamentales erosiona la confianza en las instituciones encargadas de proteger dichos derechos, lo que puede tener consecuencias devastadoras a nivel social. Por ejemplo, la falta de protección ante situaciones de discriminación racial, de género o por discapacidad puede generar una sensación de desamparo que afecta la cohesión social. Las personas y grupos que experimentan estas violaciones pueden sentir que las instituciones no están preparadas para defender sus derechos, lo que incrementa la desconfianza y socava el contrato social entre el estado y sus ciudadanos.
Esta pérdida de confianza institucional se traduce en un debilitamiento del sentido de pertenencia y seguridad dentro de la sociedad. Un estudio reciente sobre los efectos de la discriminación muestra que cuando un colectivo percibe que no tiene las mismas oportunidades o protecciones que el resto, aumenta la polarización social y disminuyen las posibilidades de integración.
Perpetuación de desigualdades estructurales
Otro de los aspectos más críticos del daño social es la perpetuación de desigualdades estructurales. Las violaciones de derechos fundamentales, como la igualdad de trato o la libertad de expresión, generan un entorno donde ciertos grupos sociales quedan sistemáticamente excluidos o marginados. Esta marginación se refleja en la falta de acceso a oportunidades laborales, educativas o incluso sanitarias, lo que perpetúa el ciclo de pobreza y exclusión social.
Un claro ejemplo de este fenómeno es la discriminación en el ámbito laboral por motivos de género o discapacidad. Las prácticas de discriminación, aunque prohibidas por la ley, siguen siendo comunes en muchas empresas, afectando no solo a las víctimas, sino también al entorno social, al generar un desequilibrio en el acceso a oportunidades económicas y laborales.
Instrumentos jurídicos para mitigar el daño social
A nivel legal, la protección de los derechos fundamentales se ha reforzado con instrumentos destinados a prevenir y reparar las situaciones de vulneración. En España, por ejemplo, el artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece la posibilidad de solicitar indemnizaciones adicionales cuando se vulneran derechos fundamentales. Estas indemnizaciones no solo buscan compensar el daño moral de la persona afectada, sino también prevenir a los infractores de repetir dichas violaciones, con el objetivo de evitar que este tipo de comportamientos se normalicen en la sociedad.
El Tribunal Constitucional también ha emitido sentencias clave en las que se subraya la importancia de la restitución de derechos vulnerados, como en los casos de discriminación por género o discapacidad. La aplicación de normas de igualdad y no discriminación busca proteger a los colectivos más vulnerables, no solo resarciendo el daño sufrido, sino también restaurando la justicia y promoviendo un entorno social más inclusivo.
En definitiva, el daño social:
- En el ámbito laboral, se puede aplicar a casos de discriminación, desigualdad o vulneración de la integridad física y moral.●
- Es un daño autónomo, distinto del daño moral.●
- Se puede reclamar junto con el daño moral.●
- Debe ser evaluado mediante un dictamen pericial social.
Conclusiones
La vulneración de derechos fundamentales no es solo una cuestión de justicia individual, sino un problema que afecta a la estructura social en su conjunto. El daño social que surge de estas violaciones se manifiesta en la perpetuación de desigualdades, la desconfianza en las instituciones y la erosión de la cohesión social. Por ello, es fundamental que tanto las autoridades como las empresas adopten medidas firmes para prevenir la vulneración de estos derechos y para reparar no solo a las víctimas directas, sino también el tejido social que se ve afectado. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
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